Efectos Fiscales derivados de la devolución de intereses por anulación de cláusulas suelo

El pasado 21 de enero de 2017, entró en vigor el Real Decreto-Ley 1/2017 que regula medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y sus efectos fiscales

 

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Mediante esta norma se articula un mecanismo ordenado de reclamación de cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito, en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria.

¿Cuál es la definición de “cláusula suelo”?

Es cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito, garantizado con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o estipulación para el tramo variable de otro tipo de préstamo que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.

Con esta norma aprobada, las entidades de crédito deberán implantar y comunicar al consumidor, un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales para facilitar su recuperación y, además, deberán desglosar el importe al que asciende la correspondiente devolución para facilitar su comprobación.

El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo o no con dicha comunicación y cálculo, estableciéndose un plazo máximo de 3 meses para llegar a un acuerdo entre las partes.

Desde el momento en que exista acuerdo, estas entidades de crédito tienen obligación de informar a la Agencia Tributaria el importe de las devoluciones acordadas con el consumidor.

Y entonces, ¿está regulada la tributación de estas devoluciones en la Renta del consumidor?

Ahora sí, dentro de una disposición adicional nueva de la Ley 35/2006 de IRPF (LIRPF), aprobada a través de este Real Decreto.

Como ya se dijo en una publicación anterior de nuestra web, la Agencia Tributaria venía contestando diferentes consultas de contribuyentes en cuanto a la tributación, o no, de dichas cantidades, indicando que estas devoluciones no suponían ganancia patrimonial para el contribuyente salvo si habían formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o como gastos deducibles del capital inmobiliario o actividad económica.

Lo que ahora se establece es que las cantidades que deriven de un acuerdo celebrado entre las partes (entidades de crédito y consumidores), tanto si dicho acuerdo es extrajudicial, o consecuencia de una sentencia judicial o de un laudo arbitral, no deben integrarse en la base imponible del impuesto. Así mismo, tampoco deberán integrarse los intereses indemnizatorios.

Sin embargo, en el caso de que dichas cantidades devueltas hayan formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones establecidas por las Comunidades Autónomas, o bien hubieran sido objeto de deducción como gastos deducibles del capital inmobiliario o de actividad económica, deberán ser objeto de regularización en la declaración de la Renta del ejercicio en que se haya producido el acuerdo, laudo o sentencia.

Veamos cómo:

  •         Si han formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o deducciones autonómicas:

La regularización de las cantidades deducidas en años anteriores por este concepto y devueltas ahora, se deberán incluir en la declaración de la Renta del año en que se produzca el acuerdo, sentencia o laudo, en las casillas de la declaración correspondientes a la pérdida del derecho a deducción.

Sólo en el caso de que el acuerdo entre las partes se haya pactado, no como una devolución de cantidades efectivamente satisfecha, sino en forma de amortización/reducción del principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente correspondientes a estos importes. Pero tampoco generarán derecho a deducción y no podrán formar parte del importe de la deducción por inversión en vivienda habitual.

  •         Si se consideraron gastos deducibles de capital inmobiliario o actividad económica en ejercicios anteriores:

Estos perderán la consideración de gastos deducibles y, por tanto, deberán presentarse las correspondientes declaraciones complementarias de los ejercicios en los que se hubieran deducido, eliminando dichos gastos. Lo que no se producirá será sanción ni intereses de demora o recargo alguno.

Hay que tener en cuenta que, estas regularizaciones se deberán hacer sobre los ejercicios no prescritos. Por ejemplo, si el acuerdo se ha producido en 2016 y se han aplicado estas cantidades a deducciones en inversión de vivienda habitual de años anteriores, la regularización se deberá hacer en 2016 con respecto a los años no prescritos 2012, 2013, 2014 y 2015.

Finalmente, se ha de tener en cuenta que, si el contribuyente ya hubiese regularizado dichas cantidades por tener una sentencia anterior a 2016, podrá instar la rectificación de sus autoliquidaciones, solicitando la devolución de los intereses de demora satisfechos y, en su caso, la modificación de los intereses indemnizatorios declarados como ganancia.

En Marfisa Asesores disponen de profesionales preparados para resolver esta y otras cuestiones. Estaremos encantados de atender su caso de forma completamente personalizada.

 

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